Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para reactivar la recepción de testimonios de líderes paramilitares presos en este país, lo que alienta las esperanzas de esclarecer miles de homicidios cometidos durante una de las décadas más sangrientas en la historia reciente de América Latina.

A fin de facilitar el proceso, una prisión federal de Miami, cuyo nombre no fue revelado, fue designada para concentrar a los cabecillas de la desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que ya han sido condenados, según un memorando de Lanny Breuer, de la división criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ellos son: Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna; Ramiro Vanoy Murillo, Guillermo Pérez Alzate, Diego Ruiz Arroyabe y Francisco Javier Zuluaga Lindo.

Los demás, entre quienes se encuentran Salvatore Mancuso y Hernán Giraldo, serán enviados al Centro de Detención de Northern Neck, en el estado de Virginia.

Algunos de los extraditados confesaron en Colombia haber ordenado miles de asesinatos y desapariciones, pero su cooperación con la Ley de Justicia y Paz quedó abruptamente interrumpida cuando en marzo del 2008 el presidente Alvaro Uribe ordenó su extradición a Estados Unidos donde fueron procesados por narcotráfico y lavado de dinero.

Jueces federales han condenado a algunos de ellos a penas de más de 20 años de prisión, mientras otros esperan sentencia.

Organizaciones de derechos humanos venían quejándose de que el gobierno de Estados Unidos no se mostraba comprometido en facilitar las condiciones logísticas para que fiscales colombianos tomaran testimonio y videos a quienes estaban dispuestos a continuar con su cooperación.

Los ex paramilitares alegaron además que la reconstrucción de los hechos se dificultaba por la falta de comunicación entre ellos, separados por el Buró de Prisiones en distantes centros carcelarios.

Con este nuevo acuerdo, los ex cabecillas estarán reunidos en los dos puntos de confluencia y disponibles 21 horas a la semana por una temporada cuya duración está pendiente de aprobación, según el memorando de Breuer.

La gran incógnita que persiste es si los ex paramilitares continuarán interesados en cooperar con la justicia de su país sin ninguna expectativa de aspirar a una reducción de sus penas en EEUU.

``No hay duda de que es un avance en las cuestiones logísticas, que fue realmente un obstáculo, pero hay un tema de fondo que no es abordado por esta nueva política: es el tema de incentivos'', comentó a El Nuevo Herald Roxanna Altholz, de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley, California.

Altholz cree que la falta de estos beneficios va a desestimular la rendición de testimonios.

El gobierno de Estados Unidos ha dicho que los incentivos están fuera de discusión, por cuanto los extraditados no afrontan acusaciones por delitos de lesa humanidad cometidos en Colombia sino por operaciones de narcotráfico que afectan directamente a Estados Unidos.